Chilpancingo, abril 11, 2025.- El Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José Ma. Morelos y Pavón, responsabilizó a la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, por la no aprobación en el Congreso local de la iniciativa de Ley en Materia de Desaparición de Personas del Estado de Guerrero, presentada desde la pasada Legislatura.
En un comunicado firmado por la directora de la organización, Teodomira Rosales Sierra, reprochan que la titular del Ejecutivo estatal ha rechazado reunirse con colectivos de familiares de personas desaparecidas en Guerrero.
“Colectivos, colectivas y organismos civiles de derechos humanos como el Centro Morelos han solicitado en varias ocasiones a la gobernadora una audiencia, pero nunca ha querido dar la cara a las familias de los desaparecidos y a los organismos civiles de derechos humanos”.
“Le recordamos que no solo no nos ha recibido, sino que es la principal responsable de que el Congreso del estado no haya aprobado durante el tiempo que lleva en el cargo, la propuesta de Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas del Estado de Guerrero, instrucción que, según se sabe es porque su aprobación requeriría de mayor presupuesto para su implementación”, indicó la organización.
La postura se dio después de una reunión con autoridades estatales, para revisar acciones en relación con desapariciones.
De acuerdo con Rosales Sierra, en el encuentro se expusieron casos de extravío de carpetas de investigación, el estancamiento de las investigaciones, la revictimización por parte de agentes de la Fiscalía y la falta de coordinación entre el Servicio Médico Forense (Semefo) y el área de servicios periciales.
“Dejamos claro que las familias de los desaparecidos y quienes los acompañamos, sólo estamos exigiendo sus derechos y no lo hacemos como parte de algún partido político de derecha o de izquierda, por lo tanto, el gobierno tiene la obligación constitucional y el deber moral de brindarles la verdad y la justicia”, indicó.
El organismo también respaldó el procedimiento iniciado contra México por Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de las Naciones Unidas, tras documentar evidencias de que las desapariciones forzadas se cometen de manera «generalizada o sistemática» en el país.
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