Disruptiva

Chilpancingo, marzo 05, 2025.- El gobierno de Guerrero ha sido nuevamente doblegado, esta vez por la presión de un mega contingente compuesto por pobladores de 13 municipios de la región Centro y Montaña Baja. Este movimiento ha logrado tambalear las estructuras de un gobierno que, a simple vista, se presenta como sólido bajo la bandera de la dudosa cuarta transformación.

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda, al verse desbordada, cedió a las presiones sociales y, en una acción que va en contra de su tradicional postura política de desdén hacia las demandas ciudadanas, se vio obligada a sentarse por más de tres horas a escuchar las exigencias relacionadas con obras, educación, salud y bienestar social.

Lo que esta situación refleja es una administración incapaz de dar respuestas claras y eficaces ante los problemas apremiantes que aquejan a la población. Pero, más allá de la evidente inoperancia del gobierno, surge un interrogante mayor: ¿por qué la autoridad no ha actuado conforme a la ley? ¿Qué intereses subyacen detrás de su inacción, escondida tras una fachada de una falsa apertura al diálogo?

Aún más preocupante es el trasfondo de esta manifestación. La región en cuestión, según informes del propio gobierno federal, es una de las zonas de mayor influencia de un grupo criminal identificado como Los Ardillos.

La situación es aún más grave cuando tras el asalto al Palacio de Gobierno, las autoridades hayan optado por reunirse con representantes de este movimiento, lo que pone en evidencia la fragilidad institucional.

Como un último acto para tratar de evitar que la gobernadora fuera evidenciada por su falta de pericia política y de diálogo, funcionarios estatales y diputados locales, algunos a título personal y como Grupo Parlamentario, salieron a respaldar a la mandataria estatal en las redes sociales, como si la evidente falta de capacidad se resolviera desde el Internet.