Chilpancingo, noviembre 28, 2024.-La bancada de Morena y sus aliados en el Congreso local avalaron la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la Constitución Política nacional para ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, con el voto en contra de las fracciones del PRI, PRD y las representaciones del PAN y MC.
En un comunicado firmado por el líder del PRI y la secretaria general, Alejandro Bravo Abarca y Pilar Vadillo Ruiz, rechazaron la reforma por estar en contra, consideran, de cualquier presunción de inocencia, por disponer que, sin investigación, sin procedimiento previo y en determinados delitos, “basta con la acusación del Ministerio Público para que proceda la prisión preventiva hasta por dos años”.
“La reforma al artículo 19 es un atraco punitivo, es regresiva y peligrosa si se aplica con perversidad. Lo que hará es llenar nuestras cárceles de inocentes y colapsar aún más nuestro sistema penitenciario, del que olvidan, no tiene la capacidad suficiente para absorber más prisioneros”, indica la misiva.
Los también diputados locales sostienen que a la delincuencia se le ataca con estrategia y se le lleva ante la justicia con carpetas de investigación “bien fundamentas y cumpliendo los protocolos establecidos para que ningún delincuente pueda evadir la ley”.
La bancada del PRD, por su parte, consideró que ampliar la prisión preventiva oficiosa, violenta los derechos humanos y representa un retroceso grave para la justicia y la institucionalidad democrática en México.
El coordinador de la bancada perredista, Robell Urióstegui Patiño, consideró que la propuesta del Ejecutivo Federal no solo restringe el análisis individual de los casos por parte de los juzgadores, sino que además desconoce los principios fundamentales de la actividad jurisdiccional en materia penal.
Y advirtió que la prisión preventiva oficiosa, por su naturaleza, viola el principio de presunción de inocencia, consagrado en el artículo 20 de la Constitución y en tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
“Imponer detenciones automáticas sin un análisis individualizado equivale a un castigo anticipado que priva a las personas de una defensa adecuada y perpetúa las desigualdades estructurales en el sistema de justicia”, advirtió.
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